¿Quién controla las empresas?

Imagen de una escena emblemática de scarface en la que Tony Montana trajeado y drogado fuma un puro mientras discute sobre sus varias actividades económicas que no son compliant.

Las legislaciones exigen cada vez más saber “quién controla realmente cada empresa”. Debemos por ello disponer de procesos que permitan realizar esta actividad de forma ágil, certera y eficaz.

Buscar al Titular Real o Beneficiario Final (Ultimate Beneficial Owner o UBO) no debería ser como buscar una aguja en un pajar. Además se comete el error de pensar que es una actividad que se hace “una sola vez”, al principio, cuando entablamos relaciones con nuestros cliente o contraparte.

Y es que el crimen no acude nunca a la oficina bancaria ni al centro de negocio mostrando su verdadera condición. Ni el primer día, ni nunca. Siempre busca la forma de ocultar su poder con entramados empresariales. Máxime en la situación de crisis actual, con una pandemia ya instaurada desde febrero 2020 en el mundo, de final incierto, en la que la morosidad bancaria comenzará a crecer de forma exponencial en muchos sectores altamente afectados por la crisis sanitaria y unas las políticas erráticas adoptadas por las naciones.

En este contexto, la titularidad de muchas empresas cambiará de manos. Muchas compañías que deseen sobrevivir ahogadas por sus deudas, buscarán soluciones no siempre ortodoxas. Y muchas mafias verán en estas nuevas tapaderas su solución para canalizar su dinero de origen criminal.

La mafia sólo espera esto, una crisis” para controlar las empresas con dificultades a través de nuevos socios relacionados con organizaciones criminales, dijo Roberto Saviano en una reciente videoconferencia a medios de todo el mundo. Y Saviano, buen conocedor de estas prácticas no exagera. Se avecina una tormenta perfecta donde ya se comienza a ver cómo la banca, hasta ahora silente, y en un segundo plano, en la pandemia, comienza a quejarse de un aumento paulatino, y posteriormente desproporcionado de la morosidad. Los propietarios legítimos de sus negocios, tanto en pequeñas como en medianas empresas, sobre todo, comenzarán a no poder atender sus compromisos financieros con la banca. Yes cuando comenzarán a llegar los “ improvisados salvadores” para hacerse cargo del problema, y de las deudas, adquiriendo la “nueva propiedad” de muchas compañías que en situaciones anteriores ni se plantearan esta posibilidad. Avanzar o morir.

Y es en este contexto donde cobra especial relevancia conocer con certeza quién está detrás de cada compañía. No es sólo cuestión formal normativa de conocer quién supera un 25% de la propiedad, y cotejar que la revisión de esta actividad se ha hecho correctamente y se ha documentado. El problema puede traducirse en derivadas no deseadas con implicaciones penales por no mantener viva esta actividad de control interno. Desarrollar negocios con socios no deseados de forma inconsciente puede ser muy peligroso para la compañía, y recordemos que no hay negocio más solvente que el ilegal. Nadie dispone de mayor liquidez que la operativa fuera del circuito.

Si a este factor unimos la creciente caída progresiva del uso del dinero en efectivo, con motivo de la pandemia en el tráfico legal, podéis imaginar cómo estarán aquellos propietarios de cantidades ingentes de billetes donde la posibilidad de dar salida a los mismos se le complica de forma exponencial en este contexto. Ya no será suficiente el consumo desmesurado por su parte de ese dinero, sino que les resulta más factible comprar empresas o participaciones en las mismas. Sobre todo en aquellas que estén en situación de posible quiebra, haciéndose con la propiedad…en la sombra.

Y es por ello que las entidades que operamos en los negocios legítimos no podemos ignorar esta situación, y debemos disponer de sistemas que nos muestren quiénes son los Titulares reales finales, no pensando sólo en ello como tarea administrativa, sino imperativa para no tener como cliente o contraparte al crimen organizado. Y debemos velar por saberlo. Y por evidenciarlo y demostrarlo.

Entonces, ¿qué es el beneficiario real? ¿Por qué eso importa? ¿Y por qué tanto instituciones financieras como empresas precisan controlar esta materia?

Según la mayor parte de las legislaciones se considera que beneficiario final es la persona que en última instancia posee o controla más del 25% de las acciones, participaciones o los derechos de voto de una empresa, o que de otra manera ejerce control sobre la misma o su gestión. Cuando tal interés se mantiene a través de un fideicomiso, el fideicomisario o cualquier persona que controle el fideicomiso se registrará como beneficiario final. No todo el mundo quiere ser identificado como beneficiario final. Muchos delincuentes utilizan deliberadamente la opacidad de los vehículos corporativos para ocultar su identidad, el verdadero propósito de la cuenta y la fuente o uso de los fondos o la propiedad asociados con el vehículo corporativo.

“Si Europa no interviene pronto, la multiplicación del dinero mafioso que ya está en Alemania, Francia, España, Holanda o Bélgica estará descontrolada”, advertía Saviano en esa misma entrevista.

Existen pues dos opciones para recopilar estos datos sobre beneficiarios finales: acudir a cada registro manualmente o automatizar el proceso. El enfoque manual aparte de absolutamente ineficaz es demasiado lento, demasiado caro y propenso a errores, tanto de obtención como de procesamiento, así como impreciso en cuanto a su actualización. Sin embargo, un proceso semiautomático de recopilación de datos sobre beneficiarios finales o titulares reales agiliza el proceso de recopilación de datos, brindando transparencia necesaria y aportando mayor certeza y seguridad en la toma de decisiones

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